la política minero energética nacional tendrá cuatro años más de lo mismo – privatización y entrega

Opinión

Por: Oscar García

A los 15 años transcurridos desde el 2003, año en el cual, quizá, se produjo la lesión más abrupta y contundente a los intereses minero energéticos y ambientales de la nación, habrá que sumarle, en principio, otros cuatro (4) años más de saqueo, expoliación y destrucción de nuestros recursos naturales renovables y no renovables, además de la privatización de activos estratégicos del sector.

En el 2003, por el gobierno de turno, se sientan las bases para la privatización de Ecopetrol, que transfiere la empresa más importante del país, al dividir parte de sus activos estratégicos, como es la administración del subsuelo, parte de su infraestructura de refinación, la red de oleoductos, poliductos, propanoductos y en general toda la red de transporte de hidrocarburos del país. Al punto que hoy Ecopetrol es un grupo empresarial de 29 empresas, de las cuales 20 son subordinadas y el resto donde tiene participación accionaria, muchas de las cuales, incluida su matriz, Ecopetrol S.A., y filiales como CENIT o PROPILCO están en riesgo de ser vendidas al sector privado.

En ese año, el 2003, se sientan las bases para que el año siguiente se produjera el funesto cambio de la política petrolera nacional, volviendo, pero en condiciones peores a la concesión petrolera de 1905, donde el Estado colombino a cambio de nada entrega sus riquezas naturales a las empresas transnacionales, pues escasamente a partir de 2017, las empresas están obligadas a ofrecer el 1% de la explotación hidrocarburifera que se obtenga de los yacimientos descubiertos y un ingreso por regalías escalonadas que oscila entre el 8% y el 10,5%.

Con la flexibilización de la política de hidrocarburos y en general del sector minero energético, basado en el sofisma de la protección a la inversión extranjera, el país volvió al curso de la reprimarización de la economía, esto es, a depender de la venta de sus materias primas (recursos naturales) y con semejante feria, la inversión extranjera en el sector no se hizo esperar y nos hicimos dependientes de las divisas provenientes esencialmente de la explotación minero energética, descuidando el desarrollo y la creación de valor de los demás sectores de la economía y hoy sufrimos las consecuencias de esas decisiones, cuyo mercado se rige por la leyes del mercado internacional. La caída de los precios del petróleo en 2014, generó un fuerte impacto negativo a las finanzas nacionales, ahondando el hueco fiscal, contrayendo la inversión social, al punto que se requirió una nueva reforma tributaria para suplir ese déficit.

El profesor Libardo Sarmiento, en su artículo “Se avizora un cuatrienio con petróleo y conflicto[1]” ilustra el asunto de la siguiente forma:

“En Colombia las actividades extractivas son el motor de la economía y el fundamento de las finanzas del Estado. Entre 2000 y 2017 el aporte anual de la producción de petróleo al PIB colombiano fue de 4,7 % en promedio. Durante las últimas tres décadas los hidrocarburos han participado con el 28 % de las exportaciones del país; en 2017 representaron el 33 %.”

En estos términos es de suma importancia que el movimiento social, no ceda en sus propósitos de seguir construyendo país, de continuar en la elaboración de propuestas alternativas y defenderlas con la movilización, pues este presidente no es garantía de democracia, su propuesta de gobierno se basa en regresar a los nefastos concejos comunitarios, para hacer populismo, solventar a sus allegados asuntos triviales, pero no concentrarse en la profundización de cambios verdaderamente democráticos y soberanos y profundos que requiere el país. El presidente se concentrará en mantener el estatus quo del sistema actual y a resolver lo de la comida de cada día.

Los conflictos y la guerra alrededor de la explotación de los recursos naturales continuarán, lo mismo la destrucción de nuestros ecosistemas estratégicos, la inequidad social y el privilegio de las mafias; el ambiente de despojo en los territorios se hará más propicio para las multinacionales para que soporten sus economías de enclave, la represión a la protesta social y a los sectores más críticos de los trabajadores que no caigan en la trampa del sindicalismo corporativo y participativo, será parte de la dosis de este gobierno.

La propuesta de ley orgánica de hidrocarburos debe convertirse en parte de la dinámica social de construcción de las alternativas para un nuevo país, la defensa de la consulta popular en las regiones para evitar el saqueo de nuestros recursos energéticos debe ser igualmente permanente, hasta que se alcance una política pública minero energética con más contenido nacional, la defensa de nuestros territorios y sus ecosistemas estratégicos a la par que se lucha por una legislación minero energética nacional, es prioritaria.

Los discursos pasan, la política se desarrolla y lo hechos nos darán la razón. Tener memoria es la base necesaria para no dejarnos confundir con las palabras y los deseos. Lo único seguro es seguir luchando por este país, prohijados por la decisión de hacer una Colombia incluyente y de cimientos democráticos distintos a los que nos han sometido durante siglos.

[1] http://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/se-avizora-un-cuatrienio-con-petroleo-y-conflicto/