ECOPETROL NO DEBE CONVERTIRSE EN SIMPLE PAVIMENTO

Con mayor frecuencia el Gobierno y otros actores económicos hacen sugerencias en torno a
realizar la venta de otra porción de Ecopetrol, o de su filial de transportes Cenit, bajo el
trasnochado argumento de invertir en infraestructura vial para mejorar la competitividad del
país, y para ayudar a cerrar el déficit del Gobierno central que como consecuencia del
fracaso de la Ley de Financiamiento, tiene un faltante en las cuentas nacionales por cerca de
$10 billones de pesos para el periodo 2019 – 2022 según los cálculos de Anif.

Algunos gremios como Fasecolda y la Cámara Colombiana de la Infraestructura creen que
Ecopetrol no es un activo estratégico para la Nación, y consideran que desinvertir en la
empresa para “invertir” en infraestructura es más conveniente para el país, según sus
engañosos argumentos, la infraestructura es más importante para el país que Ecopetrol, y
ese dinero podría contribuir a materializar los cierres financieros que hacen falta en los
proyectos de la segunda y tercera ola de las vías 4G.

Sin embargo, el 25% de los proyectos actuales de la infraestructura 4G enfrentan más de 10
demandas en tribunales de arbitramento, y algunos registran atrasos importantes en su
ejecución por parte de los contratistas.

Pretender una venta parcial de Ecopetrol, o la venta total de Cenit, desconoce el valor
estratégico que tiene Ecopetrol para Colombia, y el de todas las filiales dentro de su
funcionamiento, así como el rol indispensable para asegurar la permanencia como compañía
integrada de petróleo y gas. También desconoce los sobresalientes resultados económicos
de la compañía que permitieron que este año la Nación reciba $8,2 billones de pesos en
dividendos, una cifra mayor a las expectativas de la Ley de Financiamiento por $7,1 billones.
Los aportes de Ecopetrol al país durante los últimos 11 años suman $228 billones, de los
cuales $68 billones son dividendos, que desaparecerán de las arcas públicas si la empresa
es vendida o el Estado reduce su participación accionaria.

Mientras Ecopetrol ya transfirió al país $3,1 billones el 25 de abril, y hará otros dos pagos el
25 de junio y el 25 de septiembre por $3,1 y $2 billones, contribuyendo a financiar de forma
inmediata el presupuesto nacional; el Gobierno tendrá que esperar a ver los efectos de la Ley
de Financiamiento para usar esos recursos. Fedesarrollo, Anif, y varios analistas
económicos, coinciden en que los efectos de la reducción de impuestos a las empresas
bajando la tasa de impuesto del 34% al 30% ocasionará que se reduzcan los ingresos
fiscales en $10 billones de pesos en los próximos tres años.

La solución al déficit fiscal no puede ser la venta de Ecopetrol para utilizar los recursos en
burocracia y gasto estatal sin beneficios económicos. La solución está en que el Gobierno
disminuya su gasto desde los $259 billones actuales, mejore su planeación financiera
evitando reducir los ingresos tributarios si no tiene otras fuentes permanentes para
reemplazarlos, y sobre todo una mayor pericia en la aplicación del gasto tal como lo
recomendó la Comisión del Gasto en su informe final.

En lugar de buscar la enajenación del activo más importantes del país, se debe proceder a
revisar los 229 beneficios tributarios existentes que generan un gasto tributario al Estado por
valor de $65 billones (6,5% PIB) y conjurar la evasión de impuestos que la propia Dian
estima en $23 billones (2,3% PIB).

El financiamiento de la infraestructura es una labor que no le compete solamente al Estado,
el grueso de los recursos para las obras de infraestructura y la dotación de los demás bienes
públicos que demanda el mejoramiento de la competitividad del país, deben ser provistos por
el sistema financiero a través de los bancos comerciales, las corporaciones financieras, los
fondos de pensiones y las inversiones que administran las fiduciarias. Para eso el Gobierno
de Santos creó un marco regulatorio para involucrar los recursos del sector privado, de
constructores, y el sector financiero en la infraestructura de toda índole a través de la ley
1508 de 2012 y los decretos adicionales, que ofrecen suficientes incentivos y protección para
que el sector financiero y los constructores involucren financiamiento y capital para llevar a
cabo los proyectos de infraestructura bajo concesiones de hasta 30 años de duración.

Ecopetrol ni ninguna de sus filiales deben ser vendidas para convertirlas en simple
pavimento, con el objetivo de solucionar las fallas de mercado que el Estado, el sector
privado, el sistema financiero, y el mercado de infraestructura, no han logrado solucionar a
pesar de contar con un marco normativo concebido a su medida, y con institucionalidad
suficiente en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la Financiera de
Desarrollo Nacional FDN que fue capitalizada con la venta de otra activo público como fue
Isagén.

Los bancos colombianos poseen activos por $434 billones de pesos de los cuales solo han
llevado $12 billones (2,7%) en crédito al financiamiento de la infraestructura, las fiduciarias
administran $60 billones en fondos de inversión, y los fondos de pensiones más de $281
billones del ahorro de los trabajadores colombianos. A pesar de las elevadas cifras la banca
local se muestra renuente a financiar la infraestructura física del país, en cambio, ha tomado
el camino de exigir al Estado el pago de las deudas de Electricaribe, los sistemas de
transporte masivo, y algunos deterioros procedentes de los problemas de Odebrecht y
Navelena como contraprestación para abrir el canal de financiamiento.

Esa situación es efectivamente un fallo de mercado que ocurre por la alta concentración del
sistema financiero donde los 4 principales bancos controlan más del 60% de la cartera de
créditos. Igual situación ocurre en los fondos de pensiones donde solo operan 4 fondos y dos
de ellos administran el 80% del ahorro pensional de los trabajadores colombianos. A eso se
añade que están bajo el control de los conglomerados financieros más grandes del país.
Ecopetrol no puede convertirse en el pavimento para tapar los huecos que el sector privado y
financiero con su ineficiencia y falta de espíritu dejan abiertos en el segmento de
infraestructura. Tampoco en un reparcheo del déficit del Estado, puesto que los diferentes
gobiernos han esquivado llevar a cabo las reformas correspondientes para reducir los
beneficios tributarios y la evasión fiscal, en ausencia de ellas, cualquier venta del patrimonio
público se diluirá en burocracia y gasto estatal sin ningún beneficio para la sociedad.

Teniendo como base lo anterior la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo acoge
con entusiasmo el Proyecto de Ley presentado por los Senadores Luis Fernando Velasco y
Jaime Duran del Partido Liberal el cual busca impedir la venta de mayor participación de la
nación en Ecopetrol, o el desmembramiento de la empresa por la venta de cualquiera de sus
filiales. Llamamos a la opinión pública y demás Congresistas a sumarse a esta iniciativa para
la protección del mayor patrimonio público de Colombia. Cualquier disminución en la
participación del Estado en Ecopetrol será compensada con aumento de los impuestos para
todos los ciudadanos.

Redactó: Junta Directiva Nacional, 6 de mayo de 2019.